En la red de carreteras que entrelazan a México, la seguridad vial tiende a ser una preocupación constante. Con el aumento del tráfico y la movilidad, así como el crecimiento del transporte de carga pesada, las autoridades y operadores tienen que tomar medidas eficaces para prevenir cualquier accidente.
Una de estas medidas son las rampas de frenado (infraestructuras diseñadas para detener a los vehículos que han perdido el sistema de frenos), pero su implementación y mantenimiento implican ciertos costos, además de generar un debate sobre el cobro por su uso.
Las rampas de emergencia que, generalmente, se construyen con material granular como arena, desaceleran y detienen a los vehículos sin frenos de manera controlada, minimizando el riesgo de que haya colisiones graves.
Al evitar choque tras choque, las rampas protegen la vida de las personas, reduciendo los gastos en atención médica y disminuyendo la interrupción del tráfico. No obstante, cuando se utilizan, se crean daños materiales y es esencial reacomodar los materiales, lo que involucra un costo de rescate y mantenimiento.
Según los reportes y prácticas en algunas vías, el costo por el uso de una rampa podía alcanzar cifras bastante considerables, que van desde montos menores para vehículos ligeros hasta montos elevados cuando hablamos de tractocamiones.
No obstante, la postura oficial ha cambiado estos días. La CAPUFE aclaró que el uso en sí no se cobra; el gasto aparece por la reparación y la restitución de los materiales. Dentro de la práctica, si el vehículo posee seguro, la aseguradora tiende a cubrir estos gastos que son de rescate y arrastre.
En septiembre de 2023, la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) eliminó el cobro por uso de rampas en las carreteras federales de mayor tránsito y, además, reguló que los servicios de arrastre y salvamento se sujeten a tarifas determinadas, estipuladas en el Reglamento.
Con esto se creó el SIRSE (Sistema Informático de Registro de Servicios), que genera un folio único por servicio, mientras permite la correcta identificación del vehículo que se va a rescatar, a través del Número de Identificación Vehicular (NIV).
Por otro lado, el SIRSE busca transparentar los costos y proteger a los usuarios y permisionarios al documentar sus maniobras fuera de la vía.
Primero, porque el costo potencial que se relaciona a una emergencia puede llegar a ser alto si no existe un seguro o si la intervención necesita reponer una gran cantidad de material de frenado.
Segundo, porque la prevención y el mantenimiento de los sistemas de frenado disminuyen la probabilidad de tener que utilizar una rampa. Invertir en frenos de calidad, la revisión de tambores y discos, y obtener sistemas antibloqueo ABS, resulta más económico que asumir un rescate.
La tecnología también juega un papel clave. Los camiones modernos cuentan con sistemas de monitoreo y telemetría que alertan sobre pérdida de presión de freno, sobrecalentamiento o fallas en el circuito. Contar con unidades recientes y con componentes de marcas reconocidas minimiza el riesgo de que haya fallas en ruta y la necesidad de las rampas de frenado.
Por ejemplo, las unidades que tenemos en Elam-FAW integran frenos Wabco, tambores delanteros, traseros y sistemas ABS de fábrica, lo que aumenta la seguridad operativa y reduce la probabilidad de un rescate costoso.
Asimismo, la regulación y la transparencia en la prestación de servicios de salvamento evitan las prácticas abusivas en tarifas de grúas y maniobras. Además, el registro con SIRSE hace simple la elección del vehículo de rescate autorizado y el control del proceso, evitando cobros indiscriminados a los usuarios que pasan por una emergencia.
Para los permisionarios y operadores se recomiendan las siguientes prácticas claras:
En definitiva, las rampas de frenado se tratan de una herramienta vital de la seguridad vial en todo México. Su existencia logra salvar vidas, pero su uso conlleva ciertas implicaciones económicas que es mejor mitigar con prevención, seguros adecuados y tecnologías dentro de todas las unidades.
La coordinación entre las autoridades (tales como la SICT, CAPUFE, entre otras), servicios de arrastre y concesionarios, junto con una flota moderna y un correcto mantenimiento, se vuelve la mejor garantía para minimizar los incidentes y costos que se relacionan al rescate en las carreteras.
